Gabriel Alvarado, representante legal de la asociación Manos Unidas por Nuestros Niños, aseguró que se aportaron a la Procuraduría General de la República (PGR) elementos suficientes para demostrar que el incendio de la guardería ABC fue provocado, pero que “el proceso ha ido muy lento y no se han fincado responsabilidades”.
El 5 de junio del 2009 un incendio consumió las instalaciones de la guardería ABC, ubicada a un costado de una bodega de la Secretaría de Hacienda estatal. En este hecho perdieron la vida 49 niños y 76 resultaron heridos.
Al menos 16 funcionarios federales, estatales y municipales son señalados por los padres de familia como responsables de homicidio y lesiones culposas, entre ellos, el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours; los ex directores del IMSS, Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam; así como los dueños de la guardería, Marcia Matilde Gómez del Campo, Gildardo Urquidez Serrano, Sandra Lucía Téllez Nieves y personal de la estancia.
Alvarado indicó que desde junio del año pasado, cuando la PGR abrió una nueva investigación en el sentido de que el incendio fue provocado, se han hecho alrededor de 70 diligencias y en la guardería se observan los sellos que fueron colocados por esta dependencia de manera reciente como parte de la averiguación previa AP/PGR/SON-HER-V/590/2013.
“Antes de que Renato Sales dejara la Subprocuraduría se nos informó que estaban a un par de semanas de proceder contra los implicados, pero ahora con la encargada de despacho, Ana María López, sentimos que van en reversa”, consideró el litigante.
Investigaciones deficientes
José Francisco García Quintana, presidente del Movimiento 5 de Junio y papá de Andrés Alonso, quien murió en el incendio, consideró que hay deficiencias en las investigaciones que realiza la PGR.
Agregó que la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que entró en vigor en agosto de 2012, no ha sido armonizada en el país y sólo cinco estados de la República —Jalisco, Sonora, Puebla, Baja California y estado de México— han adaptado su legislación.
